Seminario Nacional de Derecho Constitucional analiza una década de la Constitución de Montecristi
En 1830 se creó la primera Constitución del Ecuador, hoy luego de diecinueve modificaciones, la Constitución ecuatoriana del año 2008 ha estado sometida a diversos cambios, a varias demandas, expuesta a la aceptación o rechazo de la sociedad, con múltiples reformas y críticas; su importancia recae en ser el marco legal que regula y rige al país y ayuda a que los derechos y garantías se respeten.
Pero a una década desde su aplicación, qué ha pasado, qué se ha hecho y cómo se ha transformado hasta el día de hoy.
Para ello la Universidad del Azuay recibió a estudiantes y profesionales pertenecientes al área de las Ciencias Jurídicas para el primer Seminario Nacional de Derecho Constitucional, que tuvo una duración de tres días y contó con expertos en la Constitución ecuatoriana.
La temática del seminario se enfocó en analizar y reflexionar, desde un punto de vista crítico, sobre los diez años que cumple la Constitución de Montecristi y el texto constitucional vigente, mediante las ponencias de cinco expositores por día, quienes presentaron su tema de experticia a los asistentes.
El Seminario fue inaugurado por Francisco Salgado, Rector de la Universidad, quien comentó en referencia al evento que “es un espacio para confrontar ideas distintas sobre la constitución ya que influye directamente en la ciudadanía”.
Por otra parte, José Chalco, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, se refirió a la importancia de generar una conversación sobre este tema “contribuye a la educación política de los ciudadanos y fortalece la cátedra ante las juventudes”.
Además, mencionó la necesidad de abrir una discusión que permita cuestionar y reafirmar ideas sobre la Constitución.
Acto siguiente, se dio inicio a las intervenciones.
Jhoel Escudero Soliz, experto en derecho constitucional, fue el primer orador y señaló que “la ciudadanía no tiene esperanza de que sus demandas sean tomadas en cuenta, y nadie confía en ellas”.
Escudero recalcó la disonancia que existe en el documento constitucional ya que apela a una participación popular, cuando en la práctica no es tomada en cuenta.
Corresponsal UDA
