¿Cuántos de los más de 300 mil estudiantes universitarios consideran que reciben una educación superior de calidad?

El Ecuador tiene 66 centros de educación superior legalmente aprobados, la mayoría de los cuales han abierto extensiones en varias ciudades; y posee más de 300 institutos técnicos calificados como de nivel superior. En 2002, se matricularon en las universidades públicas 237 134 estudiantes, el 65% del total de la población universitaria; y en las privadas, 83 591. El Presupuesto del Estado de 2005 destinará $963 millones para la educación básica, que atiende a 2,4 millones de niños y jóvenes, es decir, $385 per cápita. A las universidades, entregará $432 millones, casi $1 400 per cápita.

¿Cómo son manejados esos fondos? ¿Han rendido cuentas alguna vez las universidades al país sobre su uso? ¿No es tiempo de revisar el sistema estatal de financiamiento de la educación superior? ¿Qué pasa con la calidad de esta? ¿Quién controla la proliferación de universidades que, en muchos casos, no reúnen las condiciones para garantizar la formación académica básica de los estudiantes?

Iván Carvajal, escritor e intelectual de amplia trayectoria, es una de las personalidades más calificadas para responder esas inquietudes: conoce las universidades por dentro, como profesor e investigador, y por haber ejercido antes y desempeñar ahora funciones profesionales en organismos universitarios como el antiguo Conuep o el actual Conea.

Para Carvajal, la actual situación universitaria debe ser contextualizada. En América Latina -dice-, se habla ahora de la tercera reforma universitaria: la primera fue la de Córdoba, Argentina, que luchó por la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra; la segunda se relacionó con la participación política en los procesos sociales de los setenta y trajo como consecuencia, a lo largo de las tres décadas siguientes, el crecimiento espectacular de la matrícula, que tuvo, como contrapartida, la falta de una suficiente preparación para afrontar ese crecimiento.

La tercera, sería un esfuerzo actual por la calidad, que tiene como aspectos fundamentales el proceso de evaluación interna y de acreditación, de fortalecimiento de los mecanismos de autorregulación de las instituciones y que debería tener, como contrapartida, los esfuerzos de los Estados para replantear la función de las instituciones educativas, abrir la posibilidad de ampliación y diferenciación universitaria y asegurar que los efectos del sistema que evalúa se convierta en inversión dentro de las universidades.

-¿El deterioro de la universidad pública se aceleró por el explosivo aumento de la matrícula o por la confrontación política interna?
- Por las dos cosas. Pero la explosión debe ser mirada en el contexto mundial. La escolaridad universitaria en América Latina subió desde el 8% en los setenta, al 23%, en que estamos actualmente. Países en desarrollo tienen por sobre el 50% de escolaridad bruta. El problema no radica en que la gente vaya a los centros de educación superior, sino en las condiciones en las que va.
-¿Quién es responsable de la proliferación de universidades?
-La responsabilidad en la creación de nuevas universidades es del Congreso y del Gobierno, que pone el ejecútese.
-¿Y no tiene control el actual Conesup o el antiguo Conuep?
-Mientras hubo el Conuep, hasta el año 2000, este organismo debía informar, pero su informe no tenía peso decisorio. Ahora, el Conesup emite un informe que, se supone, debe tener un mayor peso legal, porque la Ley establece que debe ser favorable, pero siempre el Congreso argumentará que tiene el poder suficiente como para tomar finalmente una decisión.
-¿Y cuál es la responsabilidad de las luchas partidistas en el deterioro de las universidades?
-La cuestión política pesa en el desarrollo de estas, pero no solo por el enfrentamiento de grupos internos. Hay que mirar la correlación entre la política universitaria y la política nacional. El proceso de deterioro de las formas democráticas, el clientelismo, el populismo se los ve en las universidades tan claramente como en el juego político general.

Un vuelco en la financiación

Para Iván Carvajal, al juzgar el tema del gasto universitario no hay que olvidar que es parte de la inversión en ciencia y tecnología, inversión general para el conjunto de la sociedad. El mecanismo tradicional de entrega de recursos es el equivocado.

El Estado ecuatoriano no ha entendido lo que la inversión en educación superior está con los parámetros anteriores a 1960... El sistema de reparto de fondo se concreta en porcentajes de acuerdo con el número de estudiantes matriculados.

Pero si no cambia la política de Estado con respecto a la educación superior, tampoco habrá mejora de la calidad de esta última. Afrontar la apertura de los mercados, la globalización, pasa por el cambio de la educación y por preparar mejor a los profesionales. Para hacer un cambio en la universidad se requiere, por una parte, el adecuado manejo de los recursos pero, por otra, se necesita invertir. No se trata de dar fondos a las universidades para que sigan haciendo ellas lo que quieran, sino fondos determinados para el desarrollo de la educación superior. Esto se ha hecho en aquellos países en donde esta ha cambiado.

Así, es posible crear grandes fondos estatales para propiciar la investigación o cambios en la estructura universitaria, o posibilitar la relación de los centros de educación superior con la empresas. Pueden ser fondos concursables, con proyectos concretos. Pero, para acceder a ellos, se establece una condición esencial: que las universidades se hayan evaluado y acreditado.

La tercera reforma

Ciertos profesores universitarios, en la Asamblea Constituyente, plantearon algo que, según Iván Carvajal, rompe la tradición de las universidades, e incorporaron en la Constitución la obligación de rendición social de cuentas a la sociedad. Esa rendición es más amplia que la que se presenta ante la Contraloría del Estado. Las universidades no solo deben aclarar cómo usan los recursos, sino cómo trabajan, cómo se organizan, qué tipo de profesionales forman. La Constitución establece el sistema nacional de acreditación y evaluación de la educación superior

- Pero, ¿se trata de un sistema opcional?
-No, la rendición de cuentas es obligatoria. Lo opcional es el momento de iniciación; además es un sistema que tiene cada vez más peso a nivel internacional. Los europeos están trabajando en sistemas de evaluación y acreditación, lo mismo en el Mercosur.
-¿Cuál es el balance de lo que ha hecho el Conea, el organismos creado para la evaluación y acreditación?
-Es una entidad muy joven, tiene apenas dos años. Pero ha desarrollado ya los lineamientos generales de procesos de evaluación y autoevaluación, están constituidos los parámetros de aquello que tiene que ser evaluado.
-¿Cuenta esta fase con la participación de las universidades?
-Es un proceso técnico que comprende consultas en ellas. Se acaba de aprobar la guía de evaluación de los programas de posgrado. Hasta mediados del próximo año se tendrán todos los reglamentos. Hay que desarrollar la evaluación de carreras universitarias y de los programas de educación a distancia.
-¿Han entrado ya algunas universidades al programa de evaluación?
-Comienzan a entrar: hoy empiezan a examinarse, a descubrir las debilidades que tienen. Esto implica diversos momentos: aceptar la autoevaluación y entrar seriamente en el compromiso de desarrollar sus propios instrumentos, sus propios equipos de trabajo. Contamos con experiencias. Se acaba de aprobar el primer proceso de evaluación, que es el de la Universidad del Azuay (ex sede de la PUCE en Cuenca). Están muy avanzados en el proceso de autoevaluación, tiene un muy buen modelo en correspondencia con el que se ha hecho en el Conea con la mira puesta en la acreditación.
- ¿Alguna otra universidad?
-La PUCE desarrolló un proceso para evaluación de carreras. Ha aplicado un programa piloto en la Facultad de Ciencias Naturales. Invitaron a la exposición de resultados. Son interesantes el trabajo hecho allí y la mirada autocrítica del este primer proceso piloto. Están mejorando los instrumentos, tienen un equipo técnico. Otras universidades han constituido ya comisiones de evaluación interna y están trabajando en los modelos y capacitación del personal: la Nacional de Loja, la de Manabí, la Espe, la Central...
-¿Y la acreditación?
-Acreditarse supone que, después de autoevaluarse, venga una evaluación externa, que realicen académicos de otras universidades, para corroborar si el autoexamen fue consistente. Pero eso debe terminar siempre en un plan de mejora. (DAS